La informalidad de las relaciones sobre la tierra en Colombia: Por qué y a quién le sirve
Por: Liliana Duica Amaya
Una introducción

La Ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia ha vuelto a poner la atención del país sobre el asunto de las tierras. Cuánta población ha perdido tierra con ocasión del conflicto armado, en qué zonas ha sido más fuerte el abandono forzado y quiénes han sido los actores responsables son algunas de las preguntas más frecuentes a la hora de hablar de abandono forzado y despojo. Sin embargo, el principal problema a la hora de analizar el tema de tierras en Colombia y en particular las tierras que cambiaron de manos a causa del conflicto es la alta informalidad que existe en las zonas rurales del país.


Por informalidad se entiende las relaciones jurídicas sobre la tierra, diferentes a propietario, es decir: poseedor, ocupante y tenedor. [1] El título formal es el que tiene un propietario (por adjudicación del Estado, por sentencia de un juez ó por compraventa de un derecho, entre otros) y que está registrado en un folio de matrícula inmobiliaria ante una Oficina de Registro e Instrumentos Públicos. Con esto en mente ¿a quién le sirve la informalidad sobre las tierras?


Colombia necesita respuestas claras que superen brechas


De acuerdo a los cálculos hechos por el gobierno nacional un porcentaje cercano al 50% de las tierras abandonadas a causa de la violencia (Fuente RUPTA) son tierras en las que la población tenía una relación informal. Parte de las razones que han explicado la informalidad sobre la tierra en Colombia se han centrado en tres asuntos:

  1. Desconocimiento y costos

El primer asunto es el desconocimiento de la población sobre los trámites de formalización ligados a los costos que implican. Los costos inician a partir del transporte desde el área rural para llegar a las cabeceras municipales y departamentales donde se pueden adelantar estos procesos y se prolongan por los trámites que se deben adelantar ante las diferentes entidades. Además de, procesos de formalización ante el INCODER, los jueces, las notarías y las oficinas registro e instrumentos públicos no se pueden culminar en una sola jornada. Es decir, los engorrosos trámites actúan como una suerte de desincentivo a la formalización. Ligado a esto, los costos asociados a estos trámites son altos para la población que vive en las zonas rurales y que perciben su sustento de actividades del campo. Para medianos y grandes propietarios los costos de los trámites no son un obstáculo a la formalización pero para las personas que tienen pequeña y mediana propiedad representa una razón adicional para la falta de interés. Cabe la pena anotar que la población más afectada por la informalidad hace parte de estas dos categorías aunque en zonas de gran propiedad como los llanos[2] también hay derechos informales sobre las tierras.

  1. Impuestos y baja retribución

El segundo asunto se relaciona con el pago de impuestos a partir de la formalización. En la medida en que muchos de los municipios además de los presupuestos restringidos con los que cuentan, tiene un baja prioridad en el mejoramiento de la cobertura de servicios públicos en las áreas rurales, la población no ve un incentivo claro entre el costo del proceso y el beneficio de la formalización. De aquí que el acceso a la institucionalidad en torno a la formalización de tierra sea percibido como una carga y no como una puerta de entrada a mejores condiciones de vida y que sea utilizada como una forma para evitar el pago de impuestos.



  1. “Cultura de oralidad”: confianza y analfabetismo

Una tercera razón obedece a lo que se podría definir como la “cultura de la oralidad” y se puede leer de dos formas, por un lado la confianza en los acuerdos “de palabra” en las sociedades rurales se ha utilizado también en las transacciones sobre la tierra y éstas se han realizado entre personas cercanas de la comunidad que no ponen en duda la veracidad de esos pactos; la otra razón, es la falta de alfabetización de una parte de la población y por ello prefieren evitar incurrir en trámites de firma de documentos al no saber claramente qué se firma. Actualmente, algunas de las personas que adelantan trámites de tierras ponen su huella en remplazo de la firma.



Los perdedores de la informalidad: el Ciudadano y el Estado


La informalidad sobre la tierra es el punto de quiebre del contrato social entre el ciudadano rural y el Estado.[3] Por un lado, el ciudadano no accede a la cobertura mínima de servicios públicos básicos como suministro de agua y alcantarillado, escuelas, hospitales y vías, entre otros, sino que el Estado pierde el control de la población al limitar el ejercicio de la ciudadanía reflejada en la provisión de servicios públicos mínimos y ubicación de la población e identificación de sus necesidades. Como resultado, en buena parte del área rural colombiana el Estado no tiene un censo certero, no percibe impuestos y, en consecuencia, su presencia es escasa a la hora de ejercer funciones básicas como impartir justicia, garantizar derechos fundamentales, ser legitimado por la población y garantizar el goce efectivo de los derechos ciudadanos. En este escenario, la informalidad ha sido capitalizada por los grupos armados que buscan controlar a la población sobre zonas de interés estratégico a través del remplazo de tareas del Estado.



Los ganadores de la informalidad: grupos armados ilegales


El abandono forzado y despojo de las tierras se convierten en un mapa claro de las zonas donde ha existido interés de los grupos armados por controlar el territorio. Si de esas zonas, como se afirmó, el 50% de las tierras es informal, se podría inferir que la mitad de las zonas donde operan los grupos armados que han sido abandonadas forzosamente están en la informalidad y por ello la presencia del Estado es más débil y los grupos armados la han capitalizado. Para el caso concreto de las tierras despojadas, la informalidad facilita el robo de tierras y el encubrimiento de las transacciones ilegales a través de cooptación, corrupción o violencia; por ello, la formalización es fundamental para evitar el blanqueamiento de dineros ilegales a través de compra venta de tierras en zonas donde estos grupos ejercen influencia.


En definitiva, la informalidad de las áreas rurales del país combina el desconocimiento de lo trámites, los costos asociados al proceso, la percepción de una baja retribución de la formalización con el pago de impuestos y una cultura de oralidad basada en la confianza pero también asociada al analfabetismo En consecuencia, Estado y ciudadano pierden cuando el primero no garantiza sus obligaciones mínimas y el segundo resulta perjudicado por la ausencia de Estado que es capitalizada por los grupos armados ilegales para controlar territorios estratégicos y despojar.



[1] 1. Poseedores son quienes ejercen relaciones informales sobre un predio de propiedad privada, 2. ocupantes son quienes ejercen relaciones informales sobre baldíos de la nación y 3. Tenedores , aparceros o arrendatarios son quienes trabajan la tierra pero reconocen a un dueño.

[2] La Unidad Agrícola Familiar (UAF) es la unidad mínima de adjudicación que utiliza el INCODER para realizar adjudicaciones, si bien en las zonas más fértiles del país puede ser de menos de 50 hectáreas, en los llanos puede ser de 400.

[3] Este tema es desarrollado de manera amplia por DEMAREST, Geoff en sus libros y artículos académicos sobre propiedad como Geoproperty Ed. Frank Cass, 1998.