Opinión: Petro siempre ha dado de qué hablar
Por: Contrapunto



El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, siempre ha dado que hablar. Su paso por el Congreso estuvo marcado por sus denuncias de parapolítica, que le granjearon un sinnúmero de enemigos y una reputación de fuerte crítico y opositor. Su férrea oposición al gobierno de Álvaro Uribe, fue un factor determinante en la unificación de una izquierda que históricamente en nuestro país se encontraba dispersa y en algunos casos, radicalizada. No se puede negar su papel determinante en la consolidación del Polo Democrático como una fuerza alternativa de oposición que intentaba darle un nuevo aire al sistema político colombiano, acaparado por las fuerzas tradicionales.



Su desempeño en el Congreso, la contundencia en sus denuncias y su brillantez en el debate se tradujeron en un gran apoyo popular que le auguraba una brillante carrera política. Muchas más simpatías generó entre la población capitalina gracias a las denuncias que ayudaron a destapar el cartel de la contratación en Bogotá. El rechazo a algunos de sus copartidarios, entre ellos el exalcalde Samuel Moreno, por el escándalo que se desató y su posterior disidencia del Polo, lo consolidaron como el actor político serio y honesto, que la ciudad necesitaba luego de administraciones insatisfactorias.



Fue así como en las elecciones de 2011 en Bogotá, Petro y su recién creado Movimiento Progresistas arrasaron en las urnas, iniciando un período de administración distrital que algunos consideran el peor desatino en la carrera política del actual alcalde y su muerte política para cargos ejecutivos en el futuro. Aunque, no se pueden negar los aciertos de la administración distrital en temas sociales como la garantía de un mínimo vital de agua para los estratos más bajos, la relevancia que se le ha venido dando a las minorías en la ciudad, las políticas en pro de un trato digno para los animales, entre otras; la percepción pública de su administración no refleja la gran ruptura con la de alcaldes pasados que la sociedad bogotana esperaba.



Durante la campaña por la alcaldía, uno de los principales estandartes de Petro fue la lucha contra “las mafias” que asolaban la ciudad. Mafias en la prestación de servicios, en la adjudicación de contratos y en la delincuencia que a la fecha aún no han sido desmanteladas. Las principales críticas de Petro en este sentido se centraban en la permisividad y falta de acción de las pasadas administraciones a la hora de enfrentarlas. Sin embargo estas mafias de las que tanto habló de candidato hoy no sólo siguen articuladas sino que también permanecen ocultas.



El control y transparencia en la adjudicación de contratos parecen ir en contra de la improvisación y el desorden en la ejecución que predominan hoy en día en la administración distrital. En cuanto a prestación de servicios, el afán por desarticular “oligopolios perversos” con tintes de mafia que en realidad son monopolios naturales basados en economías de escala, han llevado a desastres como el de la recolección de basuras que por poco causa una crisis sanitaria en Bogotá.



En cuanto a las mafias que afectan los índices de seguridad, tampoco se han desarticulado las bandas criminales que operan en Bogotá, precisamente por la visión de la mafia clásica que prima en las políticas de seguridad de la administración distrital. La incapacidad de reconocer la evolución de las estructuras criminales en cadenas aparentemente desarticuladas pero que se vinculan con el objetivo de obtener un beneficio económico de actividades delictivas, ha impedido desarticular las estructuras encargadas de robar, descuartizar, transportar y comercializar celulares; ya que este tipo de estructuras no tienen cabeza ni organización jerarquizada. La prohibición al porte de armas es una política que a corto plazo puede verse reflejada en los índices de criminalidad pero que en realidad no ofrece una solución de fondo a la problemática de la seguridad en la ciudad.



Otra de las grandes críticas de Petro a la administración de Samuel Moreno fue la de gobernar con clientelismo y adjudicar contratos a dedo. En este sentido poco o nada parece haberse hecho. El caso del arrendamiento de los compactadores de basura en mal estado, detrás del cual se encuentra el empresario Oscar Salazar Franco, condenado por sobornar para obtener licitaciones, tiene fuertes tintes de clientelismo. O aquel del contrato de compra de las motos eléctricas para la policía en la ciudad que aparentemente fue adjudicado sin ningún tipo de licitación o investigación de mercado, pareciera adjudicado a dedo.



Es fácil criticar y ver la paja en el ojo ajeno. Sin embargo la administración de una ciudad de las características que tiene Bogotá requiere de una planificación ordenada y una ejecución secuencial, no improvisada como la de la administración distrital. La revocación de contratos y la toma de decisiones que tienen como objetivo aparente aumentar el índice de aceptación de la gestión del alcalde y no ofrecer soluciones de fondo para las problemáticas de la ciudad. Son demasiado costosas para los ciudadanos no sólo monetariamente hablando.