Pasado, presente y futuro del procurador
Por: Jorge Eduardo Morales
¿Qué va a pasar con Alejandro Ordóñez?

La función del procurador Alejandro Ordóñez ha suscitado una gran polémica en la opinión pública colombiana, no sólo por su férrea militancia católica y las acusaciones de clientelismo en su contra, sino también porque su reelección es casi un hecho cuando ni siquiera se han definido los nombres de los otros dos candidatos que completarán la terna. Para sus seguidores, el actual procurador ha sido un ejemplo de efectividad y trabajo serio e imparcial, para sus opositores, sus métodos, sus presuntos actos de nepotismo para conseguir una segunda etapa en el puesto y su sectarismo religioso, son impedimentos para que el actual procurador sea reelecto.


  Su elección y el primer período como procurador general

El 11 de diciembre de 2008 el Senado de la República eligió como procurador general de la nación al bumangués Alejandro Ordóñez (ternado pro el Consejo de Estado), quien se impuso al ex alto comisionado de paz Camilo Gómez y al exmagistrado del consejo electoral Germán Bustillo. Ordóñez ganó con aplastante mayoría, obteniendo 81 votos a favor frente a uno de Gómez (postulado por la Corte Suprema de Justicia) y ninguno de Bustillo (ternado por Álvaro Uribe Vélez).


Ordóñez ha alternado sus cuatro años de ejercicio público con una mezcla de una aparente efectividad en el desarrollo de sus funciones y una intransigencia y radicalismo católico que para muchos perjudica la tarea de un funcionario público, pues pone los dogmas religiosos sobre la jurisprudencia nacional.


  Sus medidas más relevantes


Las sanciones disciplinarias al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, así como al congresista Germán Olano y del contralor Miguel Ángel Moralesrussi, por malos manejos en la adjudicación y ejecución de varios contratos viales en la capital del país, contaron con gran apoyo dentro de la ciudadanía y de la opinión pública.


Asimismo, bajo el mandato de Ordóñez, la Procuraduría Nacional inhabilitó a varios funcionarios de considerable relevancia para ejercer cargos públicos.


Bernardo Moreno, secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno Uribe fue destituido e inhabilitado por 18 años. Si bien Moreno estuvo involucrado en el escándalo de las “chuzadas” del DAS, la razón de la Procuraduría para inhabilitarlo fue la solicitud que el secretario había hecho para obtener información confidencial perteneciente a la UIAF (Unidad de Información de Análisis Financiero), que presidía Mario Aranguren, quien también recibió la misma sanción.


María del Pilar Hurtado (que hoy se encuentra exiliada en Panamá) también fue inhabilitada durante 18 años por, extralimitarse de sus funciones y ordenar de manera ilegal la interceptación de conversaciones telefónicas de políticos opositores, magistrados y sindicalistas, entre otros.


Por la llamada “Yidispoítica”, Sabas Pretelt, quien se desempeñaba como embajador en Italia fue destituido de su cargo e inhabilitado durante 12 años. Según la Procuraduría, cuando Pretelt ejercía su cargo de ministro del interior (2004-2006), ofreció una notaría al excongresista Teodolindo Avendaño a cambio del voto de éste a favor del proyecto de reelección de Álvaro Uribe Vélez.


La exsenadora Piedad Córdoba fue sancionada dos veces; la primera fue en septiembre del 2010, cuando tras la presunta aparición de su nombre en uno de los computadores de Raúl Reyes, la Procuraduría decidió destituirla e inhabilitarla durante 18 años por nexos con el grupo guerrillero. Posteriormente el 12 de mayo de este año, su inhabilitación aumentó 14 años más tras su presunta contribución económica de 25 millones de pesos que habría hecho a la campaña uno de sus asesores, llamado Ricardo Antonio Montenegro Vázquez, quien se lanzó como candidato a la Cámara en el año 2010.


  Entre el rosario y la constitución



Más allá de que algunos estén de acuerdo o no con las sanciones que ha impuesto a diferentes empleados públicos del país, Ordóñez ha sabido vender una imagen de un trabajador diligente y prolijo, que obra con cuidado y esmero. Sin embargo, las acusaciones sobre la contratación de familiares o personas cercanas a él, así la fuerte convicción católica y su concordancia con la línea más dura de la jerarquía eclesial han empañado su ejercicio.


Su descripción de la homosexualidad como “una conducta contraria a la ley natural”; el hecho de construir un oratorio en el edificio de la procuraduría, o su declaración a favor de prohibir el aborto en los 3 casos permitidos por la Corte Suprema de Justicia, han causado malestar en varios sectores de la sociedad que reclaman un procurador que sea el representante de todos los civiles ante el Estado y no sólo de los católicos.


Por otra parte, la rectificación que debió hacer sobre sus palabras y actos administrativos acerca de la “pastilla del día después”, la objeción de conciencia de los médicos que practiquen abortos en los casos permitidos y una circular enviada por la procuradora delegada María Eugenia Carreño al Ministerio de Protección Social para que sacara del POS (Plan Obligatorio de Salud) el medicamento misoprostol, fueron consideradas por la Corte Constitucional como una extralimitación de las funciones de Ordóñez. Pero a pesar de lo ordenado por la Corte, la rueda de prensa ofrecida por el procurador, en compañía de todo su equipo de trabajo, fue más un pedido de nulidad de la sentencia que una rectificación sobre sus declaraciones y epístolas.

  Las acusaciones de clientelismo

A medida que su segundo período como procurador se acerca, varios periodistas han salido lanza en ristre a manifestarse contra la inminente reelección de Ordóñez, y los métodos que según ellos, ha empleado para conseguir su objetivo: la cercana relación que mantiene con funcionarios de las altas cortes y el hecho de que en la Procuraduría estén trabajando familiares y amigos de magistrados y senadores que serán los responsables de definir el futuro de la máxima posición del ministerio público.


Daniel Coronell en su usual columna de la revista Semana denunció los presuntos nexos de Ordóñez con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la nominación del actual procurador por parte de la Corte es un “cruce de favores”.


El hermano del expresidente Ernesto Samper, Daniel Samper Pizano tampoco se quedó atrás, y en una columna publicada en el diario El Tiempo, que tituló “El procurador: de fanático a corrupto”, acusó al procurador de irrespetar los derechos de millones de mujeres colombianas; de pertenecer a una secta de extrema derecha (El Opus Dei) y de propagar su credo en contra de las leyes colombianas.


De igual manera, el abogado Rodrigo Uprimny señala que al tener como subordinados a familiares de magistrados en la Procuraduría, Ordóñez viola el artículo 126 de la Constitución, el cual manifiesta que los servidores públicos no pueden poner como empleados a sus familiares ni a los de funcionarios públicos que intervengan en su designación.


Pero no todas han sido críticas para el procurador. Desde su programa radial “La hora de la verdad”, el exministro Fernando Londoño Hoyos defendió la labor del procurador y acusó a la Corte Constitucional de inquisidora al obligar a Ordóñez a retractarse sobre las declaraciones que había hecho enfatizando en la anticoncepción.

  El futuro de la Procuraduría

Ordóñez ya ha manifestado que quiere cumplir un segundo periodo como procurador general de la nación, y al parecer su reelección es un hecho a pesar de que ni siquiera han sido ternados los otros dos candidatos a ocupar el puesto más relevante del Ministerio Público.


El actual procurador fue ternado por la corte suprema de justicia, faltan aún los aspirantes propuestos por el presidente Juan Manuel Santos y el consejo de Estado.


Sin embargo el partido de la U y el Conservador ya le han confirmado que votarán por él, y parece que el Liberal también, lo que significa que sin importar el voto de las demás colectividades que conforman la unidad nacional.


No obstante, el hecho que el procurador ya tenga “cocinada” su reelección sin que tan siquiera se conozca el nombre de sus contendientes, ha causado malestar en ciertos sectores políticos.


La agrupación Elección Visible ha objetado el inminente segundo periodo de Ordóñez argumentando que “es un agravio lo que está pasando”, en referencia al hecho que ya haya un voto confirmado por determinadas agrupaciones cuando ni siquiera se han nombrado nuevos postulantes al cargo, ni se ha analizado su hoja de vida ni han sido escuchados en la audiencia pública televisada.


El senador nariñense del Polo Democrático Camilo Robledo ha propuesto modificar el artículo 276 de la constitución, mediante esta reforma la reelección del procurador desaparecería. Aunque en caso de hacerse efectiva, no aplicaría para Alejandro Ordóñez.


  Santos deberá enviar un candidato ´de relleno`

Si bien es casi un hecho que Ordóñez cumplirá un segundo periodo como procurador, es una obligación constitucional que Juan Manuel Santos envíe un aspirante a competir con el actual procurador.


El dilema que afronta el presidente es que varios de los partidos que lo respaldan en el Senado y que hacen parte de la unidad nacional ya confirmaron que su voto irá hacia la relección del procurador vigente.


Por lo cual, posiblemente Santos enviará a un aspirante que no suponga un contrapeso de consideración para Ordóñez, sino que simplemente cumpla con al labor de presentarse a la elección en diciembre del año corriente.


De esta manera, el gesto de Santos sería tomado no sólo como un guiño hacia el procurador (a quien ha elogiado en repetidas ocasiones), sino también hacia los senadores de los partidos que apoyan su gobierno.