A favor y en contra del fuero militar
Por: Contrapunto.co
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A favor y en contra del fuero militar

Las decisiones que toman los militares cuentan con elementos que no están presentes en la vida y en las decisiones cotidianas y excepcionales de los civiles. Por un lado tienen el monopolio de la fuerza, es decir que cuentan con la capacidad y el mandato para ejercerla, decidiendo sobre la vida y la muerte.


Foto: Ejército de Colombia


Las decisiones militares implican una presión por proteger la vida de la tropa, por cumplir una misión y por hacerlo sin que le generen problemas legales.


Cuando se trata de juzgar a los militares los jueces tradicionales tienen dificultades para entender las decisiones, cayendo fácilmente en conclusiones que no corresponden con el oficio militar. Lo que en la vida cotidiana es un error y un delito en una operación puede ser la única salida para lograr una misión o para salvarle la vida a un grupo de personas. Así mismo lo que en la vida civil puede ser cotidiano y normal puede significar un error o un delito en un momento delicado de una operación.


De hecho la disciplina y entrenamiento de las fuerzas castrenses están dirigidos a controlar un aparato que si se usa mal puede hacer que se pierda toda la soberanía o se generen desastres que comprometen a comunidades enteras.



El hecho de que militares se juzguen a sí mismos, combinado con escándalos de falsos positivos y violaciones de derechos humanos, genera fuertes resistencias en diferentes sectores.


La reforma en el congreso prende este nuevo debate, donde los militares están convencidos de que no pueden tener seguridad en las operaciones si van a ser juzgados por cortes civiles, así como algunos sectores de la sociedad civil aseguran que el fuero militar le dará impunidad a militares.


A continuación los diferentes puntos de vista sobre el tema:

  Fuero militar, para la paz y la guerra
confidencialcolombia.com

Faltan dos debates para que se apruebe la reforma del fuero militar en el Congreso nacional y la pregunta que flota en el aire es: ¿por qué la celeridad de aprobar una reforma constitucional que no es bien vista por organismos internacionales de derechos humanos?


En primera instancia hay que señalar que la Constitución de 1991 consagra en el artículo 221, que exista una justicia penal militar para juzgar actos de servicio de las fuerzas armadas sin que deban ser conocidos por la justicia ordinaria, siempre y cuando se ajusten a la premisa de que son acciones propias de los actos de servicio.


Y es ahí donde empieza el debate. El fuero militar logró debilitarse y llegar a su más álgido cuestionamiento cuando las acciones de miembros de la fuerza pública que violan el Derecho Internacional Humanitario (DIH) se han intentaron pasar como actos de servicio. Ejecuciones sumarias, violencia sexual y desaparición forzada que no son actos que respondan a la naturaleza del combate a los grupos ilegales.


El Fuero en la era Uribe


Uno de los políticos que más ha reivindicado la labor de los miembros de la fuerza pública y que ha crecido en popularidad gracias a los éxitos militares en el campo de batalla, sin duda ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).


Sin embargo, durante su mandato, en 2006, el entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina y el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán firmaron un acuerdo de cooperación en el que quedó establecido que en ocasión de cualquier operativo militar deberían estar presentes miembros del CTI de la Fiscalía para garantizar que todo ocurriera de acuerdo la ley.


Esta medida que puede ser una garantía para el respeto de los derechos humanos de la población civil va en contravía del fuero militar consagrado por la constitución pero es imposible, jurídicamente, derogarla debido a que fue demandada su inconveniencia ante el Consejo de Estado, razón por la cual habría que esperar decisión este tribunal o que exista una ley superior para dejar sin efecto el acuerdo.


En ese mismo sentido, el Procurador General de la Nación se ha pronunciado al señalar que el acuerdo es inconstitucional y por ende debe de cesar todo su efecto.


Esa es la razón de fondo y de peso que obliga a que un acto legislativo que modifique la Constitución se encargue de esa materia.


Además, explica la razón por la que el gobierno nacional sacó el tema del fuero militar de la abortada reforma a la justicia.


Voces críticas al fuero


Han sido varias las voces que se han levantado en contra del proyecto de acto legislativo que modificaría la norma constitucional que regula el fuero militar. Desde el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro hasta 11 relatores de las Naciones Unidas, las reacciones al proyecto de acto legislativo han sido varias y se han centrado en señalar la inconveniencia de una reforma constitucional que deja muchas zonas oscuras en cuanto a derechos humanos se refiere.


Como los expresó el señor Todd Howland, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un foro sobre el fuero militar realizado en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, “la propuesta de acto legislativo que cursa en el Congreso para reformar el fuero militar no es necesaria para superar las dificultades y, por el contrario, supone un retroceso en el funcionamiento de la administración de justicia en el país.”


La aseveración del representante de la ONU en Colombia, se fundamenta en el hecho de que existen, en Colombia, mecanismos legales e institucionales para garantizar el correcto funcionamiento de la justicia ordinaria y de la penal militar sin que deba mediar una reforma constitucional. Todo esto debido a que el proyecto de acto legislativo no aclara cómo sería la actuación ante casos como los falsos positivos.


Foto: Elizabeth Velásquez Ramírez


También señala el funcionario que el temor de los miembros de las fuerzas militares colombianas a actuar en un combate contra la guerrilla, debido a las posibles consecuencias jurídica derivadas del acuerdo entre Fiscalía y el Ministerios de defensa es un problema de percepción, ya que ningún militar ha sido juzgado y encarcelado por actos derivados del servicio, sino que las condenas existentes se deben a violaciones flagrantes del DIH.


Mientras la discusión continua, el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar se han mostrado muy satisfechos del impulso que lleva el trámite en el Congreso que seguramente logrará con su aprobación, pero no terminará ahí el debate central que toma aun mas relevancia en momento en que se adelanta un proceso de paz para ponerle fin al conflicto, en el que de llegar a buen puerto, se discutirá el papel futuro de los militares.




  Human Rights Watch cuestiona ampliación del fuero militar

eltiempo.com


La reforma constitucional que avanza en el Congreso y que busca ampliar el llamado fuero militar no solo es innecesaria sino que prácticamente garantiza que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales, queden en la impunidad.


Eso dice una extensa y dura carta que envió esta mañana la organización Human Rights Watch al presidente Juan Manuel Santos, y en la que le advierte que la ayuda que brinda Estados Unidos al país podría quedar en entredicho si la norma es sancionada con su actual redacción.


La carta, firmado por el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, también indica que Colombia, por cuenta de la modificación, quedaría expuesta a acciones de la Corte Penal Internacional.


"Sería un paso equivocado adoptar una reforma que cause un profundo retroceso para el Estado de Derecho, con la finalidad de resolver un problema que en realidad no existe", dice Vivanco en la misiva.


Para esta organización, el argumento central que ha usado el gobierno para avanzar la reforma -poner fin a la inseguridad jurídica que viven los militares en el contexto actual- es un simple "mito" que no se sostiene en la realidad.


Según esta ONG, este mito se basa en tres conceptos erróneos. El primero es que los militares temen ser investigados y juzgados por causar bajas legítimas en combate, y eso afecta su desempeño, pues un acuerdo con la Fiscalía del año 2006 le otorga a este órgano la facultad de determinar en primera instancia si hubo una violación de Derechos Humanos, en cuyo caso se remite a la justicia ordinaria, o si fue una acción legítima y la investigación debe quedar en manos de la justicia penal militar.


Así mismo, que en algunos casos se les está juzgado sin méritos. Para la ONG, este acuerdo era necesario, pues en el pasado, miembros del Ejército han ejecutado a civiles y luego los han hecho pasar por combatientes (los llamados falsos positivos).


Pero más allá, dice HRW, los hechos demuestran que los fiscales de la justicia ordinaria no están iniciando investigaciones ni juzgando a militares cuando se ha tratado de bajas legítimas de combatientes.


“El Ministerio de Defensa indica que desde 2009, luego de que se desató el escándalo de los “falsos positivos”, la fuerza pública colombiana ha matado en combate a 1.964 guerrilleros y miembros de grupos sucesores de los paramilitares. Si estas muertes reportadas como bajas en combate estuvieran efectivamente dando lugar a la investigación penal de los militares involucrados, en este momento habría cientos o incluso miles de militares que estarían siendo investigados por la Fiscalía por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009”, dice la carta.


Según el propio Ejército, sostiene la ONG, se encuentran en curso solo 22 investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009 y en ningún de los casos se está alegando que las acusaciones fueron infundadas.


La ONG subraya, además, que el acuerdo en la práctica no se está siquiera aplicando, pues este año Colombia creó el Sistema de Asistencia de Investigación Criminal a las Fuerzas Militares, que asignó a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (DIJIN) la responsabilidad de hacer las inspecciones donde se hayan producidos presuntas muertes en combate y remitirlos luego a la justicia ordinaria. Un proceso que de por si preocupa, afirma HRW, ya que la DIJIN depende del ministerio de Defensa.


El segundo argumento de quienes defienden la noción de “inseguridad jurídica” es que los fiscales de la justicia ordinaria tardan mucho tiempo en resolver los casos y mientras tanto militares inocentes están siendo detenidos y encarcelados durante períodos prolongados sin haber sido condenados por ningún delito.


Aunque es cierto que los procesos avanzan con lentitud, HRW anota que no se han aportado pruebas de que las imputaciones contra ellos sean infundadas.


Así mismo, la ONG se opone a la idea de que la justicia penal militar podría investigar y juzgar con mayor celeridad.


“Si bien en el ámbito de la justicia ordinaria las investigaciones y el juzgamiento de abusos militares avanzan con lentitud, la justicia penal militar es un ejemplo de impunidad -y no de rendición de cuentas- por delitos atroces”, afirma Vivanco en su comunicación.


Añade, también, que las tácticas dilatorias que están usando los abogados de los militares son centrales a la hora de explicar la lentitud de los procesos.


Y pone como ejemplo un caso de “falsos positivos” en Soacha en el que tuvieron que realizarse 936 audiencias en tres años gracias a los obstáculos que estos plantearon.


Para la ONG, un factor que también está frenando las investigaciones es que aún no se ha incorporado uno solo de los 41 fiscales adicionales que debían dedicarse a investigar violaciones de derechos humanos, como lo promovió el propio gobierno a través de un decreto del año 2011.


HRW desecha a su vez otro argumento de quienes defienden la enmienda y según el cual los fiscales de la justicia ordinaria no deberían conocer casos de abusos militares pues no cuentan con conocimientos especializados para ello mientras que los militares si.


“No resulta claro por qué se supone que las autoridades de la justicia penal militar tendrían más experticia sobre temas como violencia sexual, tortura y ejecución extrajudicial de civiles”, dice la carta.


Lo más llamativo, le dice HRW al presidente Santos, es que como Ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe, adoptó medidas destinadas a prevenir ejecuciones extrajudiciales bajo argumentos que son completamente opuestos a los que hoy se esgrimen para avanzar en el fortalecimiento del fuero militar.


“El gran enigma -afirma HRW- es por qué S.E. ha modificado su posición sobre este importante asunto. Desde que S.E. contribuyó a establecer la jurisdicción ordinaria sobre violaciones de derechos humanos cuando era Ministro de Defensa, se ha incrementado la cantidad de casos en que se logra justicia por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, y el número de nuevos casos denunciados ha disminuido drásticamente”.


De acuerdo con la ONG, la versión más reciente de la enmienda constitucional es muy preocupante pues prevé que violaciones al derecho internacional humanitario distintas a crímenes de lesa humanidad, el genocidio y las desapariciones forzadas serían conocidas exclusivamente por tribunales militares.


En cuyo caso, afirma Vivanco “la justicia penal militar investigaría y juzgaría todos los demás tipos de violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual. Permitir que las fuerzas militares se auto-investiguen por sus propios abusos prácticamente garantizaría la impunidad de estos hechos”.


HRW llega esa conclusión pues si bien las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad, el derecho internacional y una decisión reciente de la Corte Suprema requiere que primero se demuestre que los hechos fueron parte de un ataque generalizado o sistemático por parte de los militares de conformidad con una política oficial.


En otras palabras, para que un caso de “falso positivo” llegue a la justicia ordinaria, primero habría que determinar si existió un patrón o fue un hecho aislado.


Según HRW, “a pesar de que el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón ha manifestado lo contrario, la sanción de la enmienda podría dar lugar a que las causas de ‘falsos positivos’ que están siendo investigadas o juzgadas por la justicia ordinaria se remitan a la justicia penal militar.”


HRW también cuestiona que esa determinación la termine haciendo una Comisión Mixta, que está prevista en la enmienda Constitucional, y de la que harían parte los mismos militares.



  ¿Qué preocupa a los militares de alcanzar la paz?
semana.com

La cadena BBC publicó este miércoles el contenido de una reunión de académicos y funcionarios de alto rango de las Fuerzas Armadas, celebrada en días pasados en el Club Militar. Durante el evento, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Alejandro Navas y el coronel (r) Hugo Bahamon, reflexionaron sobre el papel que cumplirá el Ejército una vez finalizados los diálogos de paz.



fuente: semana.com


El artículo recoge el temor que hay al interior de la fuerza ante la posibilidad de que soldados puedan terminar, en un escenario de postconflicto, acusados por la justicia. "Miren lo que ha ocurrido en Argentina y Chile, donde 20 años después, los guerrilleros que amenazaban el estado están en el poder, las amnistías son anuladas y ahora exsoldados de 70 y 80 años de edad están siendo encarcelados," señaló Bahamón.


"Mientras los focos se han puesto sobre cuáles serán los escenarios para la desmovilización de las FARC, entre la fuerza pública la pregunta que está en el ambiente es una vez se logre la paz, ¿qué papel puede o debe desempeñar el Ejército colombiano?", se pregunta en el artículo.


"La gente está hablando de la desmovilización de las FARC, pero si un acuerdo de paz se alcanza, tenemos que pensar en la desmovilización de muchos miembros de las fuerzas armadas", dijo Hugo Bahamon.


En la actualidad se estima que hay 400.000 personal militar en servicio en Colombia.


¿Qué significa la paz para ellos?


La BBC advierte que “las fuerzas armadas colombianas están en busca de protección de lo que podría suceder si un FARC posconflicto se convirtiera en una fuerza política, legítima y terminara entrando en la corriente principal de la política nacional”.


El reportaje incluye también las declaraciones al respecto de del general Alejandro Navas. "Ellos (las FARC) tienen el objetivo de ganar las elecciones nacionales del 2018. Las elecciones presidenciales del 2014 son sólo una prueba y serán imparables en las urnas si no hay partidos políticos sólidos".


La preocupación de algunos miembros de la Fuerzas Armadas estaría relacionada con el hecho de que estos servidores no tienen derecho a voto.


"En este conflicto de larga duración, las atrocidades han sido cometidas por la guerrilla y las fuerzas armadas. Si - y es un gran si - los rebeldes se benefician de las amnistías, ¿se manejará el mismo criterio para las fuerzas armadas?" cuestiona la BBC.


"¿Por qué no podemos tener el derecho a votar, después de todo lo que hemos estado defendiendo el país y luchar por ella durante 60 años?", dice Bahamon.


“Sin derecho a voto, los miembros de las fuerzas militares sienten que no tienen la seguridad jurídica de las demandas potenciales”, agrega la BBC.